Hay una pregunta que la gestión territorial rara vez se formula con la honestidad que merece: ¿quién convoca y quién es convocado? Detrás de esa pregunta aparentemente técnica se esconde una decisión política que determina si un proceso participativo será genuino o simplemente decorativo.
En muchos proyectos de planificación territorial, la comunidad entra al proceso después de que el problema ya fue definido, los objetivos ya fueron formulados y la estructura del proyecto ya está escrita. Su papel se reduce entonces a la validación: opinar sobre un diseño que no ayudó a producir. Esto no es participación — es consulta con buenos modales.
La experiencia internacional y la propia práctica territorial en Colombia muestran que este modelo tiene un costo alto. Cuando las comunidades perciben que su participación no incide realmente en las decisiones, se desvinculan del proceso. Y un proyecto territorial sin apropiación comunitaria es un proyecto con fecha de vencimiento.
El giro que proponemos desde MAGIS es sencillo de enunciar y difícil de ejecutar: los mecanismos de participación comunitaria no deben ser productos del proyecto, sino su condición de arranque. Un comité, una mesa de trabajo, un consejo comunitario que se crea en la "fase participativa" del cronograma llega tarde. Para que la participación sea constitutiva y no consultiva, quien convoca debe existir antes de que el proyecto comience.
Esto tiene consecuencias prácticas inmediatas. Significa, por ejemplo, que antes de diseñar un taller de cartografía social, hay que preguntar quién lo convoca y por qué. Que antes de escribir el guion de un proceso de socialización, hay que saber si las categorías que lo organizan fueron definidas por los técnicos o por las comunidades. Que los indicadores de éxito de un proyecto participativo deben medir no solo los productos entregados, sino qué se modificó por efecto de la participación.
Hay una tensión real que no conviene ocultar: los tiempos institucionales — los de las convocatorias, los de la MGA, los de los cronogramas académicos y administrativos — no siempre coinciden con los tiempos de la participación genuina. Las conversaciones comunitarias, los acuerdos intergeneracionales, los consensos sobre qué se dice y qué se calla tienen ritmos propios que no se aceleran sin romperse.
Nuestra apuesta es por la honestidad metodológica: si un componente del proyecto aún no ha sido validado con las comunidades, decirlo. No inflar porcentajes de avance con entusiasmo técnico. No presentar como acordado lo que apenas está afirmado. Un formulador que escribe "en construcción con las comunidades" junto a un 90 % de avance debería preguntarse si ese porcentaje refleja la realidad o solo la comodidad de tener el documento casi listo.
En MAGIS creemos que la participación comunitaria no es un requisito que se cumple, sino una práctica que se construye. Y la primera construcción es la más difícil: aceptar que el proyecto no es nuestro.